miércoles, 22 de octubre de 2014

Por un Hospital 100% Público

Aunque la inauguración oficial se canceló, la crisis del ébola dió al traste con la foto electoralista que pretendía el PP, el Hospital de Villalba ha comenzado a funcionar, un Hospital de gestión completamente privada.

Se trata de un Hospital de la burbuja hospitalaria de la sanidad madrileña que Esperanza Aguirre infló alegremente para cosechar dividendos electorales; naciendo en 2007 con un modelo de gestión absolutamente privado, que prioriza el lucro económico frente a la atención sanitaria; financiando con dinero público (de todos) el negocio sanitario; que no la atención a la salud de los ciudadanos.

En estos cerca de dos años, desde la finalización de las obras, en los que el Hospital ha permanecido cerrado; la empresa concesionaria, IDC Salud (antigua Capio), se ha embolsado más de 20 millones de euros de dinero público en concepto de mantenimiento y amortización de la obra.

En cuanto a esto último cabe señalar que el coste inicial de esta infraestructura fue de unos 110 millones de euros, pero por los que acabará pagando, al cabo de los 30 años que durará la concesión, más de 300 millones de euros.

El Hospital se levantó en un terreno protegido de titularidad municipal (perteneciente al Ayuntamiento de Collado Villalba) que se cedió en primera instancia a la Comunidad de Madrid y finalmente, a la empresa privada IDC Salud.

Todo esto ha supuesto un coste patrimonial, económico y social que a día de hoy no ha sido cuantificado.

La puesta en marcha del Hospital va a suponer la supresión de servicios que se vienen prestando desde los centros sanitarios públicos de la zona, como hemos podido comprobar con el desmantelamiento del servicio de salud mental de Collado Villalba; y mucho nos tememos que seguirán más, haciendo un trasvase de la sanidad de gestión pública a la sanidad de gestión privada.

Los trabajadores de esta instalación estarán en peores condiciones laborales y económicas que sus compañeros de la sanidad pública; además de ser contratados discrecionalmente.

Por otra parte, el concesionario buscará el lucro de sus accionistas acaparando pruebas diagnósticas que ahora mismo se realizan en los centros públicos de la zona.


Se ponen los intereses económicos de una empresa privada por encima de la salud de la población